El Gobierno de Ecuador se incautó hoy, por un supuesto delito laboral, de ordenadores y otros equipos de la revista "Vanguardia", crítica con la gestión del presidente del país, Rafael Correa.
En una operación apoyada por la Policía, funcionarios del Ministerio de Relaciones Laborales entraron en las instalaciones de "Vanguardia" en Quito y se llevaron ordenadores y algunas sillas.
Carlos del Pozo, asesor jurídico de la revista, también fue detenido por tratar de impedir la acción ordenada por el juzgado de coactiva del Ministerio, según indicó a periodistas Carlos Guerra, coordinador jurídico de la institución pública.
Guerra precisó que la incautación obedece a una acción legal por incumplimiento de disposiciones laborales por parte de la revista y que la detención de Del Pozo se produjo luego después de que el abogado lo agrediera en el momento del allanamiento.
La orden del juzgado señala que la revista "no ha pagado ni dimitido bienes" dentro de los procesos laborales que se siguen en su contra, por lo que está sujeta a una acción coactiva por un monto de 29.316,57 dólares.
Entre otras causas, el Ministerio de Relaciones Laborales acusa a "Vanguardia" de no haber contratado a personas con discapacidad, como establece la ley.
"Me están deteniendo ilegalmente", señaló a su vez el asesor jurídico de la revista al ser aprehendido por la Policía y dijo que también se trata de "un allanamiento ilegal" a las instalaciones de la revista.
El director de "Vanguardia", Juan Carlos Calderón, en una rueda de prensa posterior al allanamiento, precisó que la incautación no es sólo de los ordenadores de la revista, sino de "los contenidos" informativos de su medio.
"Este es el costo de un periodismo libre", apostilló Calderón, al rechazar la acción coactiva, aunque dijo que este tipo de hechos no acallarán a la revista.
El periodista estuvo envuelto ya en una polémico proceso judicial interpuesto por el presidente Correa, que consideró que le causó un grave daño moral un libro escrito por Calderón y su colega Christian Zurita sobre supuestas irregularidades en la entrega de contratos públicos a empresas del hermano del mandatario: Fabricio.
Correa demandó a Calderón y Zurita porque en el libro "El Gran Hermano" aseguraban que él conocía de los contratos con el Estado de su hermano, algo que el mandatario siempre ha negado.
Los periodistas fueron condenados a pagar una indemnización de un millón de dólares cada uno, aunque al final del proceso Correa les perdonó.
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