El gobierno de Indiana abandonará la defensa legal de la mayoría de las partes en disputa de la nueva ley de inmigración del estado, debido a que quedaron anuladas con el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de derogar partes similares en la ley de Arizona, anunció el martes la oficina del procurador estatal.
El estado dijo en documentos presentados ante un tribunal federal en Indianápolis que recomendaría que la jueza Sarah Evans Barker anule la mayoría de las partes de la ley de Indiana que permiten a la policía efectuar arrestos sin orden judicial basados en ciertos documentos de inmigración, como los llamados avisos de acción.
"El procurador general remitirá el asunto a la corte con la recomendación de que es inconstitucional un arresto sin orden judicial en esas circunstancias. Los arrestos sin orden judicial en esas circunstancias y justificaciones no serán defendidos y se aceptará el fallo al efecto que emita este tribunal", de acuerdo con los documentos.
El estado señaló que intentará preservar su facultad de detener inmigrantes para quienes se haya emitido una orden de detención de 48 horas, aunque las autoridades federales de inmigración han dicho que eso sólo se aplica a aquellas personas que ya están bajo custodia.
"En el instrumento que se autoriza la detención de una persona se avisa a la entidad policial que nos gustaría asumir la custodia de esa persona cuando se le libere de la detención local", dijo Gail Montenegro, portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Ken Falk, director jurídico de la representación en Indiana de la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles, la cual impugnó la ley de Indiana en conjunto con el Centro Nacional para la Ley de Inmigración, señaló que la decisión implica que la policía ya no podrá arrestar a inmigrantes en la calle o durante detenciones de vehículos a menos que tengan la orden respectiva.
Linton Joaquín, abogado general para el Centro Nacional de la Ley de Inmigración, señaló que la decisión de Indiana de retractarse de su acción inicial es un "acontecimiento positivo".
"La decisión del procurador estatal de retirar la defensa de partes de la ley debería servir de advertencia a las Legislaturas de otros estados que podrían estar considerando decretar leyes estatales de inmigración similares en el futuro", apuntó.
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